Agencia Territorial San Juan: cerrarían la sede y crecería la incertidumbre por el ajuste nacional
En San Juan, el ajuste del Estado dejaría de ser un concepto abstracto y comenzaría a sentirse en el territorio. En las últimas horas habría trascendido que la Agencia Territorial —dependiente del ahora reconfigurado Ministerio de Capital Humano— dejaría de pagar el alquiler de su sede ubicada en la intersección de Santa Fe y Jujuy. El dato, de confirmarse, marcaría un nuevo paso en el proceso de reducción del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Hasta este mes, el organismo habría funcionado con relativa normalidad. Pero en cuestión de semanas, el escenario cambiaría de forma drástica: el personal debería pasar a modalidad home office y, además, colaborar en una mudanza cuyo destino aún no habría sido informado oficialmente. Traducido: no habría certezas, solo preocupación.
No sería la primera vez que el área atraviesa transformaciones. En el pasado, habrían existido dos estructuras diferenciadas: la Delegación Regional de Trabajo y la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral. Durante la gestión de Mauricio Macri, ambas habrían sido fusionadas tras la degradación del Ministerio a Secretaría. Ahora, el proceso parecería profundizarse. L
a Agencia Territorial no es una oficina decorativa. Es, o era, el brazo operativo de políticas públicas sensibles en la provincia. Desde allí se gestionaban programas de empleo como "Volver al Trabajo", se articulaban capacitaciones, se facilitaba la inserción laboral y se promovía la formalización del trabajo. También funcionaba como nexo entre empresas y trabajadores en un mercado laboral cada vez más golpeado.
Pero hay otra dimensión, menos visible y más delicada: el área de Trabajo. Allí se desempeñarían inspectores, administrativos, notificadores y abogados que intervendrían en conflictos laborales, controlarían el trabajo no registrado, actuarían en la erradicación del trabajo infantil y supervisarían condiciones en sectores críticos como el transporte. Es decir, el Estado en su rol de control efectivo. Y ese tipo de funciones, si se confirman estos cambios, difícilmente podrían trasladarse sin impacto a una lógica remota.
La pregunta —incómoda y necesaria— sería qué pasaría cuando esa estructura se desarma o se diluye. Porque detrás de los casi 30 trabajadores que hoy estarían sin definiciones, habría familias. Y detrás de cada trámite que eventualmente dejaría de atenderse de manera presencial, habría ciudadanos que quedarían más lejos del Estado.
El argumento oficial apuntaría al ahorro y a la eficiencia. Pero en la práctica, el ajuste comenzaría a mostrar otra cara: menos presencia territorial, mayor incertidumbre laboral y servicios que podrían volverse inaccesibles para quienes más los necesitan.
El escenario no sería exclusivo de San Juan. Situaciones similares ya se estarían replicando en otras provincias. Por ahora, no habría definiciones claras. Solo una tendencia que, de confirmarse, sería difícil de disimular: el Estado se achicaría. Y en ese achique, quedarían historias que todavía no tendrían explicación.
