Los jubilados regresan al trabajo ante la caída de ingresos y el Gobierno retrasa pagos para sostener el superávit fiscal
La inflación persistente y la caída de ingresos en los hogares argentinos empujan a más jubilados a reincorporarse al mercado laboral. Según datos del INDEC, la tasa de actividad en mayores de 66 años creció un 11% interanual en el tercer trimestre de 2025. El informe del Instituto Argentina Grande (IAG) define este fenómeno como la búsqueda de un ingreso laboral "supervivencial", donde personas mayores trabajan para compensar la pérdida del poder adquisitivo de sus jubilaciones. Este contexto se enmarca entre una suba de la morosidad familiar, que en enero tocó su nivel más alto en dos décadas, incrementándose durante quince meses consecutivos. Además, en diciembre se registraron 12.339 pérdidas de puestos de trabajo en el sector privado registrado, acumulando más de 200.000 bajas netas desde la asunción de Javier Milei. La morosidad se elevó transversalmente en las principales entidades bancarias y billeteras virtuales, reflejando un escenario financiero complicado. Por su parte, la inflación de febrero se mantuvo en un 2,9%, muy por encima del incremento salarial pautado, dificultando la recomposición real del salario. Este entorno genera un círculo vicioso: la caída del consumo reduce la recaudación fiscal, obligando al Gobierno a ajustar el gasto y recurrir a medidas como postergar pagos. En este sentido, se decidió diferir obligaciones, incluyendo la emisión de un bono para regularizar deudas con empresas contratistas de Obra Pública. También se detectan atrasos en reintegros a exportadores y pagos a proveedores del área de salud, incrementando la tensión económica y social en el país.
La inflación persistente y la caída de ingresos en los hogares argentinos empujan a más jubilados a reincorporarse al mercado laboral. Según datos del INDEC, la tasa de actividad en mayores de 66 años creció un 11% interanual en el tercer trimestre de 2025.
El informe del Instituto Argentina Grande (IAG) define este fenómeno como la búsqueda de un ingreso laboral "supervivencial", donde personas mayores trabajan para compensar la pérdida del poder adquisitivo de sus jubilaciones. Este contexto se enmarca entre una suba de la morosidad familiar, que en enero tocó su nivel más alto en dos décadas, incrementándose durante quince meses consecutivos.
Además, en diciembre se registraron 12.339 pérdidas de puestos de trabajo en el sector privado registrado, acumulando más de 200.000 bajas netas desde la asunción de Javier Milei. La morosidad se elevó transversalmente en las principales entidades bancarias y billeteras virtuales, reflejando un escenario financiero complicado.
Por su parte, la inflación de febrero se mantuvo en un 2,9%, muy por encima del incremento salarial pautado, dificultando la recomposición real del salario. Este entorno genera un círculo vicioso: la caída del consumo reduce la recaudación fiscal, obligando al Gobierno a ajustar el gasto y recurrir a medidas como postergar pagos.
En este sentido, se decidió diferir obligaciones, incluyendo la emisión de un bono para regularizar deudas con empresas contratistas de Obra Pública. También se detectan atrasos en reintegros a exportadores y pagos a proveedores del área de salud, incrementando la tensión económica y social en el país.
